el encapuchado naranja

Unos apuntes sobre un interesante artículo de El País, en el que se explica que ya son 27.000 los menores tutelados por las comunidades autónomas. Cada vez son más, pese a que cada vez hay menos menores. ¿A qué se debe entonces?

La labor preventiva con las familias ahorraría drásticas retiradas de niños. Una faceta que se ha descuidado, aunque ahora se intente subsanar. “El trabajo con la familia biológica es el gran déficit que hemos tenido, lo sensato es poner medios para atajar la situación y ver si es recuperable”, sostiene Marino Villa, adjunto a la Síndica de Greuges -la defensora ciudadana- de Barcelona. Poco que ver con lo que ha distinguido hasta ahora al sistema. “Como el interés del menor es el bien supremo, aparto al niño de las brasas y entonces ya no encuentro razón para averiguar por qué existen las brasas”, critica. [...]

Quienes hemos trabajado en centros de menores hemos vivenciado más de una vez cómo se intenta dar una solución a la situación del menor con “antigripales”, es decir actuando sobre los síntomas, y no sobre la causa. Mientras se trabaja desde el centro con el menor, intentando acompañarle en el difícil camino de la buena convivencia con los compañeros, la escolarización, la madurez afectiva y psicológica, etc. en la mejor de las ocasiones tal vez se hace un mínimo seguimiento de la situación familiar desde el centro. Una familia que encarna los problemas de la situación del menor y que no olvidemos que en un 90% es de bajos recursos, vive en un barrio en que los servicios sociales están colapsados y desconoce gran parte de sus derechos.

“No todas las comunidades autónomas proporcionan el mismo nivel de políticas y servicios sociales para los grupos más marginados de la población, en particular familias pobres, familias monoparentales, así como para niños gitanos y niños de familias inmigrantes”, censuraba a España, en 2002, el Comité de Derechos del Niño de la ONU. [...]

Valdría tan sólo comparar desde mi propia experiencia la importancia que se le da a la Educación de Calle en Canarias y en Cataluña. Mientras que en la primera es algo aún anecdótico en los equipos de servicios sociales de zona, Barcelona integra al educador de calle como alguien más del paisaje urbano. Y qué decir de los llamados “centros de protección” en los que niños maltratados decidían fugarse del centro y regresar con su padre maltratador para evitar los abusos, extorsiones, robos y violencia de sus compañeros, ante la incapacidad de los educadores para atajar esas situaciones por falta de una ratio educador-menor adecuada o a veces, simplemente, por miedo e impotencia ante los menores agresores.

“Lo más importante es para qué se interviene y si conseguimos compensar los déficits. ¿Cuántos menores institucionalizados hacen estudios universitarios? El déficit es también el proyecto de salida”

Y para finalizar, respondiendo a la pregunta del título, ya que no lo hace el artículo. He trabajado dos años en centros de menores, centros de urgencias o acogida, por los que hay mucho más movimiento que los residenciales, y por lo tanto se ven más niños y niñas. Podría dar una cifra a “ojo” de unos 200 niños y niñas que he atendido. No consigo recordar uno sólo que hubiera estudiado bachillerato. Tampoco uno que estuviera matriculado o tuviera oportunidades de hacerlo en un ciclo formativo de grado medio.

Está claro que los centros de menores deberían ser la ultimísima opción, pero para eso hace falta voluntad y coraje para poner al día unos servicios sociales de zona deficientes e inadecuados, trabajar en los barrios y plazas, con las familias que no tienen tiempo ni recursos para educar a sus hijos y no pretender solucionar todos los problemas con la institucionalización.

Este artículo fue publicado el Miércoles, Noviembre 14th, 2007 a las 6:59 y se encuentra en la categoría Barcelona, centros de menores, educación social, padres, política. Puedes seguir las respuestas a este artículo a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar un comentario, o hacer un trackback desde tu propia página.